Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel fueron detenidos en un laboratorio clandestino donde las autoridades decomisaron más de 844 kilos de droga. La investigación rastreó un cargamento que salió del puerto de Manzanillo, Colima.
Dos mexicanos fueron condenados a 24 años de prisión cada uno en Chile por su participación en una operación de tráfico y elaboración de drogas sintéticas, relacionada con una organización criminal transnacional de origen mexicano, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta declaró culpables a Eduardo Alejandro Michel Ávalos y Eduardo Jiménez Rangel por los delitos de tráfico ilícito de drogas, elaboración ilegal de estupefacientes y asociación para cometer delitos, contemplados en la Ley 20.000 de Chile.
Cada uno recibió tres penas de ocho años de presidio, por lo que deberán cumplir un total de 24 años de cárcel.
La operación comenzó con un cargamento que salió de Manzanillo
La investigación, encabezada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros del OS7, comenzó en mayo de 2024, cuando las autoridades dieron seguimiento a un cargamento enviado desde el puerto de Manzanillo, México, con destino a Valparaíso, Chile.
La droga estaba oculta en un contenedor marítimo que transportaba 36 recipientes con aparente pintura e impermeabilizante. Mediante una entrega controlada, las autoridades siguieron el recorrido de la mercancía hasta un laboratorio clandestino instalado en la comuna de Lolol, en la Región de O’Higgins.
El 9 de enero de 2025, Michel Ávalos y Jiménez Rangel fueron detenidos durante un operativo policial en ese inmueble. En el lugar se decomisaron 844 kilos con 122 gramos de metanfetamina.
De acuerdo con la investigación, la organización pretendía establecer en Chile una infraestructura para recibir, procesar, almacenar y distribuir metanfetamina a nivel internacional.
Fiscalía asegura que evitó la expansión del narcotráfico internacional
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que la operación no tenía como único objetivo introducir drogas al mercado chileno, sino establecer una plataforma para el tráfico internacional de sustancias sintéticas.
El funcionario sostuvo que la investigación permitió impedir que Chile se convirtiera en un nuevo centro de operaciones para este tipo de actividades criminales.
En su resolución, el tribunal estableció que existía una estructura criminal estable, organizada y jerarquizada, y determinó que los hechos no fueron acciones aisladas, sino parte de un plan coordinado para introducir metanfetamina desde México, procesarla en Chile y comercializarla ilegalmente.
Las condenas deberán cumplirse de manera efectiva, sin posibilidad de sustituirlas por medidas alternativas. Sin embargo, el tribunal reconoció a cada sentenciado 676 días de abono por el tiempo que permanecieron en prisión preventiva.
Las partes involucradas todavía cuentan con un plazo legal para presentar recursos contra la sentencia.





