Trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denuncian abuso de poder, maltrato, amenazas, insultos, por parte de la directora Celia Mireles Cárdenas y otras funcionarias universitarias que han ostentado cargos directivos y administrativos.
Pese a que se cuenta con un expediente en la Defensoria de Derechos universitarios donde se ha comprobado el maltrato y el abuso de poder las autoridades siguen incurriendo a las funcionarias.
Cabe mencionar que Celia Mireles, Directora de la Facultado ya cuenta con denuncias previas por parte de alumnos, docentes y ahora administrativos, al igual que la secretaria general Norma Liliana Ariceaga Hernández y Roció Elena Leura Vargas administradora, quienes ostentan cargos directivos.
A raíz de las denuncias que se han presentado tanto en la Defensoria de Derechos a universitarios como en la Comisión Estatal de Derechos Humananos, diversos trabajadores han sido víctimas de represalias, hostigamiento laboral, abuso de autoridad y violaciones a sus derechos laborales y humanos, por lo que 11 han optado por separarse de sus cargos ante el acoso constante y la falta de protección institucional.
Exponen que pese a que la Defensoría de los Derechos Universitarios ha llevado a cabo, desde hace más de nueve meses, una investigación formal respecto a las conductas señaladas y, hasta se han presentado pruebas documentales, fotográficas, videográficas, testimoniales y electrónicas, mismas que acreditan la veracidad de las denuncias, a la fecha las autoridades universitarias no han impuesto sanciones, permitiendo así la impunidad y la continuidad de las conductas denunciadas, argumentando que carecen de facultades.
“Es pertinente señalar que dicha funcionaria ha incurrido en tratos inhumanos y humillantes hacia una compañera trabajadora que actualmente enfrenta un proceso de cáncer, sin mostrar empatía o arrepentimiento alguno”.
Los trabajadores de la Facultad de Ciencias de la Información exigen respeto irrestricto a sus derechos laborales, humanos y sindicales, así como la aplicación de las sanciones correspondientes conforme a la ley y acciones reales, que la universidad deje de proteger a funcionarias que atentan contra la integridad de una comunidad que solo exigen “Espacios libres de violencia” como se hace llamar un máxima casa de estudios.