El organismo electoral solicitará investigar posibles irregularidades en las contrataciones de 2024-2025 y en la producción de credenciales para el periodo 2026-2031, cuyo monto asciende a mil 173 millones de pesos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades en los contratos relacionados con la organización de la elección judicial de 2024-2025 y la producción de la credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031.
De acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario La Jornada, la denuncia contempla las contrataciones de materiales electorales durante el proceso extraordinario del Poder Judicial y el servicio de producción de credenciales, adjudicado el pasado 10 de diciembre a un grupo integrado por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.
Este último contrato contempla un monto de hasta 61.7 millones de dólares, equivalente a aproximadamente mil 173 millones de pesos, de acuerdo con el tipo de cambio de ese momento.
El documento señala que los hechos serán puestos a consideración del Ministerio Público para que se investiguen posibles conductas ilícitas relacionadas con el manejo de recursos públicos y los procedimientos de contratación.
¿Qué posibles delitos busca que se investiguen?
En la denuncia se identifican cinco hipótesis delictivas contempladas en el Código Penal Federal, cuya posible actualización deberá determinarse durante las investigaciones:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades: relacionado con la realización u otorgamiento ilegal de contratos, adquisiciones o servicios con recursos públicos.
- Ejercicio abusivo de funciones: contempla el otorgamiento ilícito de contratos o actos jurídicos que generen beneficios económicos indebidos.
- Tráfico de influencias: comprende la intervención indebida para gestionar o promover resoluciones ilícitas en asuntos públicos.
- Peculado: se refiere al uso o desvío de recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
- Enriquecimiento ilícito: se configura cuando una persona servidora pública no puede justificar legalmente el incremento de su patrimonio.
El INE aclara que la inclusión de estos delitos no significa que las conductas señaladas necesariamente los configuren. Corresponderá a la Fiscalía analizar los elementos disponibles, establecer la clasificación jurídica correspondiente e identificar a las personas que pudieran tener alguna responsabilidad.
INE solicita analizar videos y posibles beneficios económicos
Otro de los elementos que el organismo electoral pide incorporar a la investigación son los videos que comenzaron a difundirse semanas atrás y que podrían aportar información sobre las contrataciones señaladas.
En el documento se plantea que la FGR obtenga las grabaciones originales, determine las circunstancias en las que fueron realizadas y lleve a cabo los peritajes necesarios para verificar su autenticidad e integridad.
También solicita identificar a las personas que aparecen en el material, revisar las conversaciones completas y contrastar las referencias económicas con contratos, convenios, pagos y operaciones financieras relacionadas.
El objetivo es establecer si las cantidades mencionadas corresponden a operaciones reales y si existieron beneficios económicos indebidos.
La denuncia sostiene que la relevancia de los hechos no radica únicamente en posibles irregularidades administrativas o en observaciones de las instancias fiscalizadoras, sino en determinar si hubo actuaciones deliberadas para favorecer a particulares, disponer indebidamente de recursos públicos o utilizar facultades de servidores públicos con fines distintos a los autorizados por la ley.
Denuncia está pendiente de revisión jurídica
Consultada sobre el tema, la consejera presidenta provisional del INE confirmó en entrevista que el organismo está próximo a presentar la denuncia de hechos ante la FGR.
Explicó que el documento se encuentra en revisión y que su envío está pendiente de incorporar las últimas observaciones de los equipos jurídicos y de las consejerías.
Una vez presentada, corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos para iniciar o continuar las investigaciones y, en su caso, ejercer acción penal ante las autoridades jurisdiccionales.
